La objeción de la Presidencia de Ecuador se centra en el artículo 39,que regula cómo las empresas públicas acceden a prestar servicios.

Crédito: Adobe Stock

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El presidente de Ecuador,Daniel Noboa,decidió vetar parcialmente las reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones durante los primeros días de su segundo mandato. El veto surge específicamente por la propuesta de modificación al artículo 39,que regula las condiciones generales para que las empresas públicas presten servicios de telecomunicaciones.

La objeción se fundamenta en que el nuevo texto plantea otorgar autorizaciones a estas empresas mediante un instrumento de adhesión y sin un procedimiento claro,lo cual podría ser contrario al interés general y a los principios del servicio público establecidos en la Constitución de Ecuador.

El presidente Noboa considera necesario añadir al final de este artículo que las empresas públicas deben cumplir no sólo con la política pública emitida por el ente rector,sino también con la normativa que establezca la entidad encargada de la regulación y control de telecomunicaciones. Esta modificación busca fortalecer el control estatal y la transparencia en el sector.

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Por otro lado,en la ejecución de proyectos que reduzcan la brecha digital,el veto presidencial explica: “No se especifican con detalle la forma,el financiamiento,ni los requisitos necesarios para llevar a cabo estos proyectos,lo que podría afectar la efectividad de las iniciativas para mejorar el acceso a telecomunicaciones en zonas vulnerables”. Noboa enfatiza la importancia de definir estos elementos para garantizar el éxito en la reducción de la brecha digital.

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones ya había sido aprobada en el período legislativo anterior de Noboa,por la Asamblea Nacional y el pasado 23 de abril de 2025 había pasado para la respectiva sanción u objeción presidencial.

Tras el veto presidencial,la Asamblea Nacional deberá analizar las observaciones realizadas y ajustar los artículos respectivos para que cumplan con los requerimientos planteados.

La decisión que tome el gobierno de Ecuador será fundamental para avanzar en el proceso de negociación de las nuevas concesiones a Movistar y Claro,que están pendientes desde el Gobierno del expresidente Guillermo Laso.